Tres mujeres rompieron el silencio y denunciaron públicamente haber sido víctimas de agresiones físicas, amenazas y extorsión por parte de un mismo hombre, identificado como Osmar C.P.B., quien continúa libre pese a contar con antecedentes y procesos abiertos por delitos de violencia familiar, extorsión y corrupción de menores.
Según los testimonios de Esther, Janet e Inés, el acusado utilizaba supuestos contactos en la Policía, el Ministerio Público y el sistema judicial para intimidarlas y retardar los procesos en su contra. “Ha sido un infierno vivir con él”, afirmó Esther, quien relató haber sido agredida con un cuchillo y amenazada con la muerte de sus hijos si denunciaba. Pese a presentar fotografías, pericias y conversaciones como prueba, el Ministerio Público solo tomó en cuenta parte de ellas y su caso avanza únicamente por violencia psicológica.
Janet, otra de las víctimas, denunció que el agresor la estranguló y amenazó con matarla, mencionando la influencia que supuestamente tenía sobre policías y jueces. Su proceso también fue retrasado y finalmente rechazado, situación que ella atribuye a la manipulación judicial y al cambio constante de domicilio del imputado.
Inés, la tercera víctima, denunció chantaje económico y extorsión bajo la supuesta promesa de favores judiciales. Aseguró que el hombre exigía dinero y bebidas alcohólicas, y la intimidaba mencionando nombres de coroneles, fiscales y jueces para generar miedo. Su denuncia fue inicialmente desestimada y posteriormente admitida parcialmente por el delito de extorsión.
Los testimonios de las mujeres apuntan a posibles actos de corrupción y manipulación en el sistema judicial, y a una estrategia de impunidad que el acusado habría ejecutado a lo largo de varios años. El caso se encuentra actualmente con imputación pendiente de resolución en el Juzgado Cuarto de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz.
Este medio intentó obtener la versión del imputado, pero hasta el cierre de la edición no se logró comunicación directa ni declaración oficial de su defensa legal.