El Ministerio Público dispuso la aprehensión de tres funcionarios policiales y abrió una investigación penal por el presunto delito de uso indebido de influencias, tras detectar irregularidades en un punto de Inspección Técnica Vehicular (ITV) autorizado por la Policía Boliviana en la ciudad de Oruro.
La información fue proporcionada por el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, quien explicó que la acción se enmarca en investigaciones por presuntos hechos de corrupción institucional.
De acuerdo con los antecedentes, la intervención se realizó a partir de una denuncia y verificación efectuadas por personal de la Inspectoría del Comando Departamental de Policía de Oruro. En el operativo participaron efectivos de la División Anticorrupción y del Laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), quienes se constituyeron en inmediaciones del Estadio Departamental Jesús Bermúdez, en la zona norte de la ciudad, donde operaba el punto de ITV.
Durante la inspección de los ambientes, los investigadores hallaron tres folders de color amarillo que contenían documentación de vehículos, boletas de depósitos bancarios y dinero en efectivo en cortes de 100, 50, 20 y 10 bolivianos, que sumaban un total de 580 bolivianos. Según el reporte fiscal, lo llamativo del caso fue la ausencia física de los motorizados y de sus propietarios o poseedores, pese a existir documentación y pagos vinculados al trámite de rosetas de inspección.
“Esta situación motivó la aprehensión de los servidores públicos responsables del punto de control, al evidenciarse indicios de una presunta conducta contraria a la normativa vigente”, señaló Morales.
La autoridad destacó que, en cumplimiento de los lineamientos de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público de Oruro, en coordinación con las nuevas autoridades policiales, fortaleció acciones conjuntas para combatir la corrupción institucional, con el objetivo de transparentar los servicios públicos y sancionar hechos ilícitos.
Los funcionarios aprehendidos fueron trasladados a dependencias de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, donde se formalizó la apertura de la investigación penal correspondiente, mientras continúan los actos investigativos.