El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, recientemente extraditado desde Estados Unidos, enfrenta múltiples procesos judiciales en Bolivia y cinco detenciones preventivas. Sin embargo, según su abogado Jaime Tapia, el exfuncionario carece de los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de las fotocopias requeridas para apelar sus causas.
“Don Arturo Murillo no va a tener derecho a una segunda instancia hasta que no pague él con sus propios recursos los testimonios y las copias, las fotocopias que hay que sacar de estos expedientes. Son toneladas de hojas que hay que fotocopiar para remitir a las salas”, explicó Tapia.
Cada proceso judicial supera los 20 cuerpos de expediente, lo que genera un gasto aproximado de 500 bolivianos por causa solo en fotocopias, monto que Murillo no puede cubrir debido a su situación económica crítica, que incluye la falta de empleo, vivienda y bienes a su nombre.
El abogado lamentó que, a pesar de que el Ministerio de Justicia asignó una defensa estatal, esta no ha sido suficiente para garantizar el derecho del exministro a apelar sus causas. Tapia denunció que las apelaciones podrían quedar indefinidamente paralizadas, dependiendo de la gestión del gobierno actual.
“El Estado debería cubrir estos costos procesales, dado que es la parte que está generando estos procedimientos”, afirmó Tapia, señalando que su patrocinio legal también está limitado por la falta de recursos.
Actualmente, Arturo Murillo permanece en la cárcel de San Pedro, mientras se desarrollan los procesos en su contra.