El reciente avasallamiento de tierras productivas en el Norte Integrado de Santa Cruz provocó un fuerte pronunciamiento de asociaciones de cañeros y ganaderos, quienes declararon estado de emergencia y demandaron acciones inmediatas del Gobierno para garantizar la seguridad jurídica y la paz social.
La Asociación de Productores Cañeros (Asocaña) expresó su solidaridad con los afectados por la toma del predio Patujú, en Montero, y calificó los hechos como “vandálicos”, afectando directamente la producción agrícola. “Pedimos a las autoridades actuar de manera rápida y oportuna para restablecer el orden y la paz de los productores del departamento”, señaló la entidad. Tras estas denuncias, el Gobierno y la Policía intervinieron, desalojando a los avasalladores y liberando a rehenes, entre ellos el gobernador Luis Fernando Camacho.
Por su parte, la Unión de Cañeros Guabirá, que representa a más de 1.600 productores, denunció la vulneración de la propiedad privada y de la Constitución por parte de grupos irregulares que buscan apropiarse de tierras cañeras. “No lo permitiremos. Exigimos que se devuelva inmediatamente la seguridad jurídica y que la justicia castigue severamente a estos malhechores”, indicaron.
Asimismo, la Asociación de Ganaderos de Pailón (Asogapa) condenó los avasallamientos, calificándolos de ilegales y violentos, y solicitó el desalojo inmediato de los invasores para resguardar la propiedad privada.
Las organizaciones coincidieron en que estos hechos afectan no solo a los productores, sino también a la seguridad alimentaria del país, e instaron a la sociedad civil y a las autoridades a unir esfuerzos para proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad jurídica, condiciones clave para el desarrollo de Bolivia.