La comisión especial de diputados que investigó el caso Botrading aprobó su informe final, en el cual se identifican indicios de al menos cinco tipos de delitos presuntamente cometidos a través de esta empresa subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), establecida en Paraguay. El informe recomienda a la Contraloría General del Estado realizar una investigación detallada y valorar su posible remisión a instancias penales.
Botrading fue creada como intermediaria en la cadena de suministro de carburantes, pero fue duramente cuestionada por supuestamente encarecer el producto destinado a Bolivia. Además, se habría favorecido a Luis Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, según señalamientos de la oposición.
Entre los posibles delitos detectados por la comisión figuran la conducta antieconómica, negociaciones incompatibles, falsedad ideológica, sociedades ficticias y el incumplimiento de deberes. El informe revela que en 2023 y 2024 hubo diferencias de precios por $us 18,7 y $us 37,4 millones, respectivamente, entre los costos de compra y los precios de venta a YPFB.
Uno de los casos más llamativos es el de un gerente de YPFB Refinación, quien habría adquirido tres acciones de Botrading de una accionista minoritaria sin costo alguno y luego las transfirió a YPFB por $us 17.758, actuando como particular pese a su rol como funcionario.
También se observó que el exgerente general de YPFB Refinación fue simultáneamente administrador y luego director de Botrading, con presunta doble percepción de ingresos. Aunque un reporte oficial de YPFB niega este hecho, los documentos analizados sugieren lo contrario.
Respecto al delito de falsedad ideológica, el informe apunta al presidente de YPFB, quien en 2024 habría ocultado la relación de la estatal con Botrading en una respuesta escrita al diputado Carlos Alarcón.
Además, se indica que la constitución de Botrading en Paraguay pudo haber sido una estrategia para evadir el control legal boliviano, configurando una sociedad ficticia o simulada. El informe la describe como un “cascarón vacío” con apenas tres empleados.
Finalmente, se advierte un posible incumplimiento de deberes al no haberse exigido a Botrading la apertura de una sucursal legal en Bolivia, conforme a la normativa vigente.
El presidente de la comisión, José Luis Flores, reconoció que desde el oficialismo no comparten la existencia de responsabilidad penal, pero accedieron a incluir los elementos identificados para que la Contraloría los analice. Por su parte, el diputado opositor Carlos Alarcón destacó el consenso logrado en las conclusiones y recomendaciones.
El informe será remitido al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate y eventual aprobación.
Con información de Erbol