Expertos advierten sobre las consecuencias financieras críticas que enfrentaría Bolivia si decide rescindir unilateralmente los contratos suscritos con empresas chinas y rusas para la industrialización del litio. Según el experto boliviano en arbitraje corporativo, Ernesto Rossell, la cancelación de estos acuerdos provocaría un “repricing” de las inversiones extranjeras, es decir, un encarecimiento del capital de inversión debido al aumento del riesgo político y judicial del país.
“Los inversionistas extranjeros no vienen a hacer caridad, vienen a hacer negocios, a ganar y rescatar su inversión generando utilidades”, explicó Rossell. En este contexto, cualquier acción que denote discontinuidad regulatoria enviaría una señal negativa al mercado internacional, haciendo que los inversionistas exijan mayores garantías y coberturas ante el riesgo de terminación unilateral de contratos.
Por su parte, Andrés Brockmann, consultor boliviano internacional en temas de litio, recordó que Bolivia posee grandes recursos, pero aún no reservas certificadas, lo que significa que el país debe continuar con un proceso técnico de evaluación y certificación de sus yacimientos.
El impacto de romper los contratos sería inmediato en los costos de financiamiento. Rossell destacó que la incertidumbre podría encarecer los desembolsos de crédito y reducir la gobernanza de los proyectos, afectando su “bancabilidad”. Sin la participación de socios internacionales, Bolivia enfrentaría primas de riesgo más altas en futuras inversiones.
El antecedente de la cancelación del contrato con ACISA, empresa alemana con la que se firmó un acuerdo en 2019 y se anuló por decreto, ya generó un estigma en los mercados internacionales. “Nos están evaluando, están viendo qué tipo de socios somos”, señaló Rossell, subrayando la necesidad de mantener una reputación positiva ante China, Rusia y otros actores globales del sector.
La seguridad jurídica se perfila como un elemento determinante. Los inversores exigen previsibilidad regulatoria, coherencia institucional y protección ante cambios normativos. Sin estos factores, Bolivia perdería competitividad frente a países como Chile y Argentina, que ya ofrecen un entorno más estable para las inversiones estratégicas.
Rossell añadió que el costo de oportunidad del país aumenta con el tiempo, ya que la ventana de demanda internacional de litio es limitada. En tanto, Brockmann recordó que el mercado atraviesa una coyuntura compleja: los precios del litio han caído de 80.000 a 10.000 dólares por tonelada, afectando la viabilidad de proyectos en países con alto riesgo financiero.
Ambos expertos coincidieron en que Bolivia debe fortalecer la confianza sin renunciar a la soberanía, mediante aprobación legislativa oportuna, transparencia institucional y cierres financieros sólidos, garantizando así un entorno más seguro para la inversión extranjera directa (IED).
Finalmente, Brockmann destacó el ejemplo de Argentina, que cuenta con más de 60 proyectos en distintas etapas gracias a un marco legal atractivo y una relación sólida con las comunidades, lo que le permitirá proyectar 300.000 toneladas de producción hacia 2030 y consolidarse como uno de los productores de litio más confiables del mundo.