Las principales organizaciones campesinas del país, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), anunciaron su incorporación a las movilizaciones en rechazo al Decreto Supremo 5503.
Luciano Marca, dirigente de la CSUTCB, informó que a partir del 5 de enero de 2026 los sectores campesinos iniciarán medidas de presión contra el decreto promulgado por el presidente Rodrigo Paz Pereira el pasado 17 de diciembre.
“Desde enero, el campo y la ciudad volverán a las calles. No vamos a permitir que un decreto afecte a los hermanos más humildes. Nuestra lucha es por justicia y por la defensa de nuestro pueblo”, afirmó.
De acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), el Decreto Supremo 5503 no solo contempla la eliminación de la subvención a los combustibles, sino que incluye una serie de artículos “de contrabando” que serían anticonstitucionales y vulnerarían los intereses nacionales.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, sostuvo que la norma resta atribuciones a la Asamblea Legislativa, facilita la inversión extranjera en recursos naturales estratégicos como el litio y autoriza un elevado nivel de endeudamiento.
Desde el Conamaq, el Jiliri Apu Mallku, Víctor Apaza, señaló que tras un análisis de los 121 artículos del decreto se concluyó que el Gobierno impulsa medidas discriminatorias, ya que ninguna favorece al sector indígena originario campesino.
“Conamaq rechaza el decreto y eso nos amerita salir a las calles y permanecer en ellas hasta que se derogue”, afirmó, tras un consejo realizado con representantes de los diferentes ayllus.
Desde el lunes, diversos sectores y organizaciones sociales se sumaron a las medidas de presión, pese a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Incluso, se instalaron las primeras huelgas de hambre impulsadas por el Magisterio Urbano y el Comité Nacional de Amas de Casa Mineras (Conacmin), que exigen la derogación del Decreto 5503.
Este martes, los choferes asalariados también anunciaron su respaldo a las movilizaciones convocadas por la COB y desconocieron el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Confederación de Choferes de Bolivia el pasado domingo.
En tanto, varios ministros de Estado señalaron que las medidas de presión tienen una motivación política y que son promovidas por sectores que buscan mantener privilegios y evadir la realidad económica que atraviesa el país.