La Fiscalía General del Estado decidió remitir la denuncia presentada contra los cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que el proceso se tramite bajo la jurisdicción del juicio de responsabilidades, según lo establece la Ley N.º 044.
La denuncia fue presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien acusa a los magistrados de usurpación de funciones y de emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El Fiscal General, Roger Mariaca, explicó que, conforme a la jurisprudencia vigente, la vía ordinaria es incompetente para procesar a autoridades de este nivel. Por ello, corresponde derivar el caso ante la Asamblea Legislativa.
“El Fiscal General del Estado no tiene atribuciones para destituir ni para procesar de manera directa a las autoridades electas”, indicó Mariaca.
El caso se remitirá específicamente a la Presidencia de la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Justicia llevará a cabo la etapa preparatoria. De existir acusación formal, ésta deberá ser aprobada por mayoría en el pleno de la Cámara, y el juicio se realizará en el Senado, según la Ley 044.
Los magistrados involucrados son Gonzalo Miguel Hurtado, René Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo, quienes habrían extendido su mandato más allá de los seis años permitidos por la Constitución mediante una sentencia que suspendió parcialmente las elecciones judiciales en cinco departamentos.
Además de la prolongación de su mandato, los magistrados han sido acusados de colaborar con el Gobierno de Luis Arce, anulando interpelaciones de ministros y modificando la distribución de la sigla del MAS, favoreciendo al ala “arcista” sobre la “evista”.