El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó este martes que la denuncia presentada por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La decisión fue asumida por la Fiscal Analista de Chuquisaca, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley N.º 044, que establece el procedimiento para el juzgamiento de altas autoridades del Órgano Judicial.
De acuerdo con Mariaca, el envío de la denuncia a la Asamblea Legislativa responde a un Auto de Vista emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró la incompetencia de la vía ordinaria para procesar a magistrados del TCP.
“De acuerdo al análisis de la fiscal asignada al caso y en aplicación de la Ley N.º 044, así como del Auto de Vista emitido por una Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, se dispuso remitir la denuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que determine la situación jurídica de los sindicados”, explicó Mariaca.
El Fiscal General reiteró que el Ministerio Público no tiene atribuciones para procesar ni destituir autoridades electas, conforme al mandato constitucional. En ese marco, recalcó que la Asamblea Legislativa Plurinacional es el único órgano competente para analizar y definir la situación jurídica de los magistrados denunciados.
“Si la Asamblea emite un informe para que el Ministerio Público pueda actuar, lo haremos siempre dentro del marco de la legalidad”, sostuvo.
La Fiscalía Departamental de Chuquisaca actuó dentro de los plazos legales y con base en los antecedentes del caso, garantizando que la determinación adoptada no vulnere los derechos ni los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
Este pronunciamiento reafirma la postura institucional del Ministerio Público de respetar los procedimientos y competencias constitucionales en los casos que involucran a autoridades judiciales de alto rango.