La Cámara de Senadores aprobó este miércoles una ley que establece el diferimiento de pagos de créditos en Bolivia y la suspensión temporal de acciones judiciales para los prestatarios. La norma, que ahora pasa al Órgano Ejecutivo para su promulgación, busca aliviar la situación de los deudores de créditos de vivienda social y de unidades económicas micro y pequeñas.
El diferimiento implica que las entidades financieras deberán postergar automáticamente el pago de cuotas por un plazo de seis meses. La medida incluye pagos de capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos relacionados con los créditos. Asimismo, se suspenderán por el mismo período las órdenes judiciales de embargo, la ejecución de sentencias, remates, desapoderamientos y otras medidas judiciales relacionadas con créditos de vivienda de interés social.
La ley aclara que este diferimiento no implicará incremento de tasas de interés, sanciones por mora, anatocismo ni costos administrativos adicionales. De esta manera, el Gobierno busca proteger a los prestatarios más vulnerables y garantizar estabilidad en el acceso al crédito durante el periodo de suspensión.
El sector bancario privado, a través de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), cuestionó la medida. Asoban advirtió que la postergación forzosa podría afectar la estabilidad del sistema financiero y provocar restricciones en la disponibilidad de crédito. Sin embargo, reafirmó su compromiso de analizar cada caso de prestatario de manera individual para ofrecer soluciones sostenibles.
Especialistas señalan que esta ley podría beneficiar a miles de familias y pequeños empresarios, brindando un respiro económico en medio de un escenario financiero complejo.