Luego de más de 15 horas de intenso debate, incidentes y enfrentamientos verbales, la Cámara de Diputados suspendió sin fecha ni hora la sesión destinada a tratar el polémico contrato entre el Estado boliviano y la empresa china Hong Kong CBC para la instalación de dos plantas de extracción directa de litio (EDL) en el salar de Uyuni, Potosí.
La decisión fue tomada cerca de las 04:00 de la madrugada por el presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra, quien declaró un cuarto intermedio sin tiempo definido, argumentando que no existían las garantías mínimas para continuar con el tratamiento del proyecto.
Desde el inicio, la sesión —instalada a las 10:00 del jueves— estuvo marcada por la confrontación. Legisladores de oposición expresaron su firme rechazo al contrato, exigiendo su postergación para que sea tratado por el próximo gobierno bajo condiciones de mayor transparencia. Pese a ello, la directiva parlamentaria, dominada por el oficialismo, insistió en continuar con el debate, argumentando que el proyecto ya había sido postergado desde febrero.
El ambiente se tornó tenso durante la lectura del informe técnico. Diputados se acercaron a la testera para increpar a la directiva, lanzando papeles y objetos. La presencia del ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, no apaciguó los ánimos: tuvo que brindar su exposición resguardado por paraguas, mientras recibía salpicaduras de agua lanzada por legisladores opositores.
Uno de los principales puntos de conflicto fue la exigencia de voto nominal. La oposición demandó esta modalidad para garantizar transparencia y conocer los nombres de quienes respaldaban el contrato valorado en $us 1.030 millones, advirtiendo posibles casos de compra de votos.
Yujra insistió en continuar con el voto electrónico, lo que generó mayor resistencia. Algunos legisladores intentaron improvisar una mesa de votación nominal, lo que fue rechazado por la presidencia de la Cámara, motivando finalmente la suspensión de la sesión.
El ministro Gallardo afirmó que la aprobación del contrato es urgente, ya que se proyecta que la producción conjunta de las plantas alcance hasta 30 millones de toneladas de carbonato de litio al año. Según sus declaraciones, este proyecto debe ejecutarse antes de 2030, fecha límite en la que estima que la rentabilidad del litio en los mercados internacionales comenzará a declinar.
Sin embargo, los legisladores opositores calificaron el contrato como ilegal, inconstitucional, entreguista y carente de transparencia, advirtiendo que no permitirán su aprobación en la actual legislatura.