El gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Richard Rojas, informó que la estatal se declaró “parte afectada” en la investigación que sigue el Ministerio Público contra el exgerente de la entidad, Franklin Flores.
Rojas explicó que, en su calidad de representante legal, se presentó ante la Fiscalía para coadyuvar con la entrega de información y documentación requerida en el proceso. “Nosotros hemos hecho apersonamiento al Ministerio Público con la finalidad de coadyuvar con toda la información que respecta a este caso. Nos hemos apersonado como afectados del hecho y estamos haciendo seguimiento y apoyando al Ministerio Público”, afirmó.
El caso contra Flores —quien dirigió Emapa durante parte de la gestión del presidente Luis Arce— fue abierto tras denuncias por presuntas irregularidades en la compra y almacenamiento de granos, así como en la gestión de recursos logísticos y financieros. También se lo investiga por supuestos actos indebidos en la construcción de la planta procesadora de papa en El Alto.
Rojas indicó que la participación de Emapa en el proceso judicial se enmarca en su condición de parte perjudicada, por lo que la empresa estatal está facilitando datos administrativos que ayuden al esclarecimiento de los hechos. “Estamos comprometidos con que todas las operaciones de Emapa se desarrollen en el marco de la legalidad y la eficiencia, siempre en beneficio del productor nacional”, agregó.
La planta de papa en El Alto, inaugurada en septiembre de 2024 con una inversión de Bs 162 millones —por encima de los Bs 148 millones establecidos en el contrato inicial—, es uno de los principales focos de investigación. El Viceministerio de Transparencia denunció que durante 2022 se firmaron contratos modificatorios que no habrían cumplido el Decreto Supremo 181, además de incrementos de ítems y precios sin justificación técnica. También se constató que el terreno sigue siendo de propiedad de la Alcaldía alteña y Emapa no consolidó el derecho propietario.
Rojas anunció auditorías internas a este y otros proyectos de la empresa, en el marco de una política de transparencia institucional. Aunque la planta en cuestión se encuentra operativa y acopia papa para la producción de derivados, su situación legal y administrativa continúa bajo revisión por parte del Gobierno.