La Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos (Asosur Santa Cruz) declaró este lunes estado de emergencia en el sector, ante las dificultades que —según denuncian— estarían afectando el normal abastecimiento de combustibles en la región.
En un pronunciamiento público, el gremio alertó que las estaciones no están recibiendo los volúmenes necesarios para cubrir la demanda interna real, situación especialmente crítica en plena temporada de cosecha agrícola.
Otro de los problemas señalados es el mal funcionamiento de la aplicación oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que mostraría datos erróneos sobre los saldos disponibles en los surtidores. Esto estaría generando reclamos de consumidores que acuden a estaciones ya sin producto, lo cual —según Asosur— deteriora la confianza en el sistema de control.
Asimismo, la asociación denunció fallas recurrentes en la calidad del combustible entregado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En algunos casos, el diésel y las gasolinas llegarían sin certificación o con características fuera de especificación, poniendo en riesgo vehículos particulares, maquinaria agrícola e industrial.
El gremio recordó que YPFB es el único proveedor autorizado en el país y que la ANH tiene la responsabilidad de fiscalizar la calidad del combustible desde su origen hasta los puntos de venta.
Otro factor que agravaría el desabastecimiento es la burocracia en el desbloqueo de GPS en cisternas, trámite que —según Asosur— debe gestionarse por correo electrónico y genera retrasos en la carga en planta, paralizando operaciones.
En ese contexto, Asosur Santa Cruz exigió al Gobierno una respuesta inmediata para normalizar el suministro, corregir los sistemas informáticos de control, eliminar trabas administrativas y garantizar combustibles de calidad para los usuarios.
“El compromiso de nuestro sector con la población es abastecer de manera transparente y segura. Por eso, es urgente que las instituciones responsables actúen con celeridad para resolver estos problemas que ya están afectando a la economía regional y al bienestar de miles de ciudadanos”, concluye el pronunciamiento.