La Policía Boliviana informó este sábado que el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño Rojas, se encuentra en condiciones de salud estables, mientras se aguarda la fijación de la fecha y hora de su audiencia de medidas cautelares, dentro del proceso por presunto daño económico al Estado en la construcción de la doble vía El Sillar.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Marcelo Sánchez, señaló que Montaño goza de todos sus derechos y garantías constitucionales, incluyendo la atención médica correspondiente, la cual certificó su estado de salud estable.
“La persona investigada cuenta con asistencia médica permanente y su condición es estable. Se están respetando plenamente sus derechos”, afirmó Sánchez, quien además indicó que la Policía continúa con las investigaciones conforme al procedimiento legal.
Según explicó la autoridad policial, el 30 de diciembre de 2025 el Ministerio de la Presidencia presentó una denuncia formal ante la División de Corrupción Pública, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, vinculados a la construcción de la doble vía El Sillar, tramo estratégico de la carretera Cochabamba–Santa Cruz.
En el marco de esa denuncia, la Policía ejecutó el viernes una orden de aprehensión en la ciudad de Santa Cruz, tras lo cual Montaño fue trasladado a dependencias de la FELCC en la ciudad de La Paz.
Por su parte, el fiscal del caso, Omar Yujra, informó que el exministro se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio durante su declaración informativa. En tanto, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, señaló desde Sucre que se aguarda la audiencia cautelar, en la que el Ministerio Público presentará la imputación formal y solicitará, de corresponder, la detención preventiva en una cárcel pública.
De acuerdo con datos oficiales, el Gobierno identificó un presunto daño económico superior a 2,4 millones de dólares en la ejecución del proyecto. Además de Montaño, otras ocho personas son investigadas, entre ellas exautoridades del Ministerio de Obras Públicas y exgerentes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).