El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, advirtió que la venta y reventa no autorizada de combustibles en el país constituye un delito penal y debe ser investigada de oficio por el Ministerio Público, debido al impacto negativo que genera en el mercado y en los consumidores.
“Es el Ministerio Público, a través de las fiscalías en todos los distritos, el que de oficio debería proceder. Es decir, es un delito vender combustibles sin la autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)”, afirmó la autoridad.
Silva denunció que estas actividades ilegales no solo se realizan en el interior del país, sino también a través del contrabando hacia naciones fronterizas, provocando especulación y un incremento irregular de precios.
Según el viceministro, la venta clandestina altera el consumo habitual en las estaciones de servicio y dificulta el abastecimiento para la población.
“Estas personas que están revendiendo en el mercado interno generan especulación, pero también son las mismas que cruzan la frontera y revenden a un precio mayor”, sostuvo.
La autoridad lamentó la falta de controles rigurosos en los puntos de distribución y pidió una acción coordinada entre las instituciones competentes para frenar estas prácticas ilícitas. Recordó que solo las estaciones o empresas autorizadas por la ANH pueden comercializar carburantes.
“Nosotros, en defensa de los usuarios, exigimos a las autoridades trabajar en ese sentido para dar seguridad, certeza y aplicar los procedimientos”, manifestó.
Pese a los llamados al control, la especulación continúa. En redes sociales se registra cómo personas cargan combustible en turriles y lo revenden a precios elevados a sectores que requieren diésel y gasolina para no paralizar sus actividades económicas.