Un depósito de gas licuado de petróleo (GLP) de contrabando ardió la noche del jueves en la zona fronteriza con Bolivia. No se registraron víctimas, pero sí cuantiosos daños materiales.
Un incendio de gran magnitud se registró la noche del jueves en un depósito clandestino de gas en el barrio Huancuri del jirón Odría, a una cuadra de la terminal interregional de Desaguadero, en el lado peruano de la frontera. Según informes de medios locales como Radio Gigante Latina Desaguadero, el siniestro comenzó aproximadamente a las 19:40.
El lugar funcionaba como centro de acopio de garrafas con GLP que habrían sido ingresadas ilegalmente desde Bolivia para luego ser utilizadas en el relleno de cilindros peruanos, sin cumplir con protocolos ni medidas de seguridad.
El fuego fue controlado tras algunas horas con la ayuda de cisternas de la municipalidad local y el apoyo de vecinos. A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron víctimas fatales ni heridos, pero los daños materiales fueron significativos.
La Central Única de Barrios de Desaguadero, en Perú, emitió un pronunciamiento expresando su preocupación por lo sucedido. Señalaron que el incidente representa un “grave e inminente riesgo” para la vida e integridad de los vecinos y advirtieron que este tipo de hechos no son aislados, ya que en la ciudad existen varios depósitos y grifos clandestinos que almacenan y comercializan gas y combustible de contrabando, principalmente provenientes de Bolivia.
“Este tipo de siniestros se repiten en Desaguadero debido a la proliferación de grifos y depósitos clandestinos sin ningún tipo de control ni medidas de seguridad”, señala el documento difundido por medios locales.
La población exige mayor control por parte de las autoridades y la instalación urgente de una unidad de bomberos en la ciudad binacional, considerando que estos depósitos constituyen una amenaza constante.
El contrabando de carburantes, incluyendo garrafas de GLP, se ha incrementado en los últimos años debido a la diferencia de precios entre Bolivia y Perú. Esta situación ha derivado en un mercado ilegal que opera sin fiscalización, elevando los riesgos para la población.
Con información de La Razón