El Consejo de la Magistratura abre investigación disciplinaria contra jueza que anuló orden de aprehensión de Evo Morales
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció este miércoles el inicio de una investigación disciplinaria contra la jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien recientemente anuló la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en el caso de trata de personas con agravante. La decisión judicial también dispuso paralizar la investigación desarrollada en Tarija y trasladar el caso a la jurisdicción de Cochabamba.
“La Magistratura va a ser tajante, cuando una autoridad jurisdiccional evada el cumplimiento de la ley. Si esta decisión judicial ha sido en contra de la ley, tengan por seguro que este funcionario judicial va a ser sancionado”, manifestó Baptista en contacto con los medios de comunicación.
La resolución judicial emitida por la jueza de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz generó controversia, no solo por el impacto jurídico y político, sino también por el perfil de la magistrada, quien trabajó en el Gobierno de Evo Morales entre 2012 y 2016 en cargos de confianza, como jefa jurídica y gerente regional del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en Santa Cruz. Además, tuvo un paso por la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).
El caso contra Morales surgió a raíz de una denuncia por presunta trata de personas con agravante, vinculado a una supuesta relación y embarazo de una menor de edad cuando el exmandatario aún ocupaba la presidencia. Si bien la jueza había ordenado en 2023 que el proceso se trasladara a Cochabamba, por ser la residencia del denunciado, la Fiscalía y el Órgano Judicial no dieron cumplimiento a dicha disposición, lo que derivó en una queja formal de la defensa del exmandatario.
A partir de esa queja, la jueza Moreno resolvió anular todos los actos procesales del caso en Tarija hasta el 2 de octubre, incluida la imputación, la declaración de rebeldía y la orden de aprehensión.
Baptista sostuvo que, aunque se respeta la independencia judicial, el Consejo examinará a fondo el caso ante la posibilidad de un conflicto de intereses. “La información donde una jueza habría cometido tal vez un acto observable va a ser revisada”, señaló.
La resolución y los antecedentes laborales de la jueza han intensificado las críticas sobre la supuesta politización del sistema judicial en Bolivia, que ya enfrenta cuestionamientos por su parcialidad y uso instrumental de la justicia en casos de alto perfil político.
Con información de El Deber