El proyecto de ley del litio incorporará la delimitación de un área específica del salar de Uyuni como reserva turística protegida, con el objetivo de preservar el paisaje natural y garantizar la continuidad de la actividad turística en las comunidades locales, informó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, según un reporte oficial.
La autoridad explicó que las zonas que no formen parte de esta reserva estarán destinadas al desarrollo de proyectos de producción de litio. Señaló que esta propuesta será uno de los primeros planteamientos que el Gobierno presentará a la Asamblea Legislativa.
“En el tema de la ley de litio, el primer paso que queremos proponer es delimitar un área del salar como reserva turística, para que no se toque eso, que esté protegida”, afirmó Medinaceli, al remarcar que la iniciativa busca resguardar los paisajes que sostienen la economía local vinculada al turismo.
En ese sentido, indicó que la preservación del salar permitirá que las comunidades que viven de esta actividad mantengan su fuente de ingresos, mientras que las áreas no protegidas podrán ser aprovechadas para proyectos estratégicos de industrialización del litio.
El ministro también señaló que la nueva ley permitirá definir una estrategia clara para las empresas estatales vinculadas a los recursos estratégicos, como Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), con el fin de fortalecer su sostenibilidad financiera y operativa.
Respecto a la situación de YLB, Medinaceli advirtió que la empresa atraviesa una prequiebra técnica, debido a que sus ingresos actuales no alcanzan para cubrir sus costos financieros. Precisó que los recursos percibidos no permiten cumplir siquiera con obligaciones básicas.
Para ilustrar esta situación, comparó el escenario con el de un taxista cuyo ingreso no alcanza para pagar al banco ni cubrir gastos operativos. En ese marco, sostuvo que es necesario realizar una evaluación integral de la gestión anterior, particularmente en lo referido al manejo de las piscinas y la administración de la empresa.
Finalmente, el ministro descartó el cierre de YLB y señaló que el desafío de la nueva ley del litio será definir estrategias concretas para recuperar y fortalecer la empresa estatal. “Cerrar una empresa estatal implica responsabilidades legales por daño económico al Estado”, afirmó.
Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas métricas de litio certificadas y actualmente se encuentran en consideración en la Asamblea Legislativa dos proyectos de contrato, uno con la empresa rusa Uranium One y otro con la china Hong Kong CBC, para la explotación directa del recurso.