El Ejecutivo objetó este jueves la “Ley de suspensión temporal de embargos, procesos judiciales y diferimiento de créditos productivos y de vivienda de interés social”, aprobada por la Cámara de Senadores, debido a modificaciones que reducen el universo de beneficiarios de 1,4 millones a 44.210 y alteran sustancialmente el alcance de la norma.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que los cambios realizados en el Senado no son simples enmiendas, sino modificaciones sustanciales que afectan tanto la cantidad de personas beneficiadas como las condiciones del diferimiento. “Lo que nosotros, objetivamente, estamos viendo es que esos cambios no son simples enmiendas, son modificaciones sustanciales que cambian el universo de beneficiarios y las condiciones en las cuales se pueden beneficiar”, declaró.
Montenegro señaló que la norma aprobada por la Cámara Alta incluye elementos distintos al proyecto original aprobado por Diputados, como la inclusión de prestatarios en mora en lugar de quienes enfrentan dificultades económicas temporales, y la sustitución del concepto de diferimiento por periodo de gracia, lo que implica la cancelación de intereses.
El ministro aclaró que, aunque el Senado tiene derecho a modificar proyectos de ley, estos deben devolverlos a la Cámara de Diputados para su evaluación y aprobación. “No son enmiendas leves, son modificaciones sustanciales que deberían ser tratadas nuevamente en Diputados. En tanto esto no ocurra, no debería enviarse este proyecto al Ejecutivo para promulgación”, puntualizó.
El Ejecutivo sostuvo que la versión aprobada por la Cámara de Senadores no cumple con el objetivo central de la ley, que es aliviar a las familias que enfrentan dificultades para pagar sus créditos ante las entidades financieras.