La alianza política Libertad y Democracia (Libre) expresó su preocupación por los decretos supremos 5503 y 5515 promulgados por el presidente Rodrigo Paz, advirtiendo que su aplicación podría debilitar el Estado de derecho en Bolivia.
El pronunciamiento, emitido mediante un comunicado público, cuestiona tanto el contenido como el procedimiento de aprobación de ambas normas. Libre asegura que los decretos fueron aprobados sin un análisis técnico, económico y social suficiente, generando incertidumbre institucional y un clima de tensión política.
Respecto al Decreto Supremo 5503, aprobado el 17 de diciembre, la alianza señaló que la norma elimina la subvención de los hidrocarburos y establece acciones sobre la gestión económica y administración de empresas estatales, además de créditos sin control legislativo. Según Libre, estas disposiciones generan protestas sociales legítimas y afectan negativamente la estabilidad económica del país.
Sobre el Decreto Supremo 5515, del 29 de diciembre, Libre lo calificó como “abiertamente inconstitucional”, al establecer la gestión del gobierno a distancia en caso de viajes del presidente Paz, vulnerando el artículo 169.II de la Constitución Política del Estado que regula la suplencia temporal del mandatario. La alianza recordó que la Constitución no puede ser reinterpretada a conveniencia de los gobernantes, advirtiendo que permitirlo sienta precedentes peligrosos para el equilibrio de poderes.
El comunicado también cuestiona la falta de quórum legal del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que limita su capacidad de ejercer control efectivo de constitucionalidad, y critica argumentos de algunos juristas que buscan justificar los decretos bajo la presunción de constitucionalidad.
Libre alertó que la aplicación de estas normas podría abrir la puerta a prácticas autoritarias y gobernar al margen del Parlamento. Por ello, anunció que impulsará acciones desde la Asamblea Legislativa Plurinacional para garantizar el control legislativo y reconducir ambos decretos al marco constitucional vigente.
El bloque político enfatizó que la discusión sobre los decretos trasciende lo normativo y compromete la estabilidad institucional del país, destacando que el respeto a la Constitución es esencial para la vigencia del sistema democrático y la preservación del Estado de derecho.