En conmemoración al Día Internacional de la No Violencia, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, inauguró este jueves la Mesa Departamental Interinstitucional de Lucha contra la Violencia en Cochabamba, con el objetivo de articular el trabajo entre las instituciones de la cadena de atención a víctimas y brindar respuestas concretas a la población.
“Queremos reafirmar nuestro compromiso institucional con la lucha frontal contra este flagelo, para ello se requiere del esfuerzo articulado de todas las instituciones. Nuestra convocatoria exige unidad, convicción y la determinación de convertir el diálogo en acción en beneficio de la población más vulnerable”, señaló Mariaca durante la inauguración.
El Fiscal General destacó que Cochabamba es el único departamento que elevó la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI) a rango de Ley Departamental, blindando jurídicamente los mecanismos de atención a víctimas. Instó a que este modelo sea replicado en el resto del país, garantizando la continuidad de la atención integral al margen de cambios de autoridades o coyunturas.
Mariaca subrayó la importancia de ampliar la lucha contra la violencia a nuevos escenarios, especialmente hacia niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Recordó que la Ley N° 1636 constituye una herramienta clave para enfrentar la violencia en el ciberespacio: “No podemos permitir que la tecnología se convierta en una herramienta de impunidad”.
Por su parte, el Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, convocó a trabajar unidos para prevenir, atender y erradicar la violencia en todas sus formas. La Fiscal Superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, enfatizó que el Ministerio Público no solo persigue delitos, sino que también actúa en prevención, fortaleciendo la cooperación interinstitucional y con la sociedad civil.
Durante el acto, la representante de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, entregó un reconocimiento al Fiscal General por su labor en la lucha contra la violencia. La Mesa Departamental apunta a construir la agenda 2026 bajo los ejes de prevención, capacitación de funcionarios y mejora del interrelacionamiento institucional para garantizar acceso a la justicia a las víctimas.