La Jefa Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, María Luisa Herrera, participó en la Sesión Técnica Internacional denominada “Prevención de Actividades Ilícitas Ambientales: el Papel de las Comunidades Tradicionales, el Uso de Nuevas Tecnologías y el Rol de las Instituciones Financieras”, desarrollada en la ciudad de Belém do Pará, República Federativa de Brasil, donde propuso la creación de una Red de Fiscalías Ambientales (RFA) para fortalecer la cooperación regional en la lucha contra los delitos ambientales.
“Desde el Ministerio Público de Bolivia, liderado por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, consideramos que la lucha contra los delitos ambientales debe ser asumida como una obligación ética, jurídica y cultural, alineada a los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, que reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos y mandata su defensa como un deber estatal e institucional”, sostuvo Herrera durante su intervención.
La sesión se realizó en el marco del evento internacional Heads of Prosecution Services Side Event for COP30 de las Naciones Unidas, donde Bolivia propuso la creación de la Red de Fiscalías Ambientales (RFA), una plataforma de cooperación regional orientada a fortalecer la articulación entre fiscalías, pueblos indígenas, organismos ambientales y entidades financieras.
La propuesta boliviana busca integrar mecanismos como alertas comunitarias, monitoreo satelital y trazabilidad financiera, con el fin de consolidar un modelo de investigación y prevención más eficaz frente a la criminalidad ambiental transnacional.
Durante su exposición, Herrera también presentó los avances tecnológicos del Ministerio Público de Bolivia, destacando el Ecosistema ROMA, una plataforma digital integral para el seguimiento de causas penales que está siendo progresivamente adaptada al abordaje de delitos ambientales como la minería ilegal, el tráfico de madera y la contaminación de fuentes hídricas.
Asimismo, mencionó la interoperabilidad con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que permite optimizar los procesos de investigación vinculados al uso y ocupación de tierras.
El encuentro reunió a autoridades de alto nivel de Ministerios Públicos de América Latina y países invitados como Brasil, Chile, China, Colombia, Uruguay y Bolivia, quienes compartieron experiencias sobre el abordaje jurídico y técnico de los delitos ambientales y analizaron los desafíos globales de la justicia penal frente a los crímenes ambientales, con el objetivo de promover alianzas estratégicas para la defensa de los ecosistemas y las comunidades más vulnerables.