El Órgano Judicial emitió este miércoles un pronunciamiento conjunto para respaldar las acciones emprendidas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, orientadas a desvincular a cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La decisión se produce a dos semanas del balotaje electoral, lo que generó inquietud sobre una posible afectación al proceso. Sin embargo, las autoridades judiciales negaron que las acciones tengan ese propósito.
“Queremos decir al pueblo de Bolivia que no se han puesto en riesgo las elecciones de segunda vuelta”, declaró la decana del TSJ, Rosmery Ruiz, al aclarar que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) es el único encargado de administrar los comicios y no el TCP.
Ruiz también descartó una supuesta paralización del Tribunal Constitucional. “Tampoco se está descabezando al TCP, porque existen cuatro magistrados que pueden administrar justicia constitucional”, precisó.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, señaló que las acciones impulsadas por Saucedo no responden a una postura personal, sino institucional. Explicó que la controversia se centra en magistrados cuyo mandato feneció en 2023 y que, pese a ello, continúan ejerciendo funciones.
Baptista adelantó que, si los magistrados “autoprorrogados” no renuncian, se dará continuidad al proceso penal iniciado por Saucedo ante la Fiscalía por presunta usurpación de funciones, garantizando la seguridad de los jueces que lleven adelante el caso.
El presidente del Tribunal Agroambiental, Cristian Méndez, calificó la autoprórroga como “un quiebre del sistema constitucional y del principio de soberanía democrática”. Añadió que el país enfrenta “una crisis económica, institucional y moral” que requiere ser encauzada mediante la defensa de la legalidad.
Los magistrados señalados como “autoprorrogados” son Gonzalo Miguel Hurtado, René Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo, cuestionados por extender su mandato y por decisiones que beneficiaron al oficialismo, como suspender parcialmente las elecciones judiciales y modificar la titularidad de la sigla del MAS.