La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó este jueves haber realizado pagos en exceso a su subsidiaria Botrading, empresa que fue objeto de una investigación legislativa por presuntas irregularidades en la intermediación para la compra de combustibles.
La respuesta de la empresa se produjo tras la difusión de un informe elaborado por una comisión de diputados, la cual observó pagos que sumaron 166 millones de dólares, que habrían sido en exceso y fuera de contrato.
Durante una breve declaración ante los medios, Marieta Paredes, Gerente de Administración y Finanzas de YPFB, explicó que los contratos firmados con Botrading alcanzaban un total de 661 millones de dólares, pero se realizaron pagos adicionales por 166 millones correspondientes a volúmenes incrementados a través de adendas.
“Por lo que el monto total pagado por YPFB es evidentemente el que es de conocimiento de 828 millones, por lo expuesto reiteramos para conocimiento de la población en general que YPFB no ha efectuado ningún pago en exceso como empresa estatal”, sostuvo Paredes.
La ejecutiva también recalcó que los pagos realizados fueron gestionados mediante el sistema correspondiente y que estos son trazables, en un intento por demostrar la transparencia de las operaciones financieras de la empresa.
No obstante, la Gerente de Administración se limitó a brindar esa información, sin opción a responder preguntas, lo que generó críticas en redes sociales y entre algunos parlamentarios.
La comisión de diputados que investigó el caso de Botrading identificó indicios de cinco delitos, entre ellos sobreprecio en la compra de combustibles, presuntos negocios irregulares —como la compraventa de acciones por parte de un funcionario de YPFB—, y la presunta falsedad en un informe remitido por el presidente de la estatal a los legisladores.
Botrading habría sido constituida en Paraguay en circunstancias aún poco claras, con el fin de actuar como intermediaria en la importación de combustibles, lo que, según las denuncias, sólo encarecía los costos y generaba un posible sobreprecio para el Estado boliviano.
Ante la gravedad de los hallazgos, los parlamentarios de oposición que integraron la comisión solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados que el informe sea tratado de manera urgente en el pleno, con el objetivo de remitirlo a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público.