El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, socializó el Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales al Jefe del Departamento de Cooperación con Países Andinos y Cono Sur de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Baltasar Fernández Melgosa, quien destacó la iniciativa de la Máxima Autoridad Ejecutiva de presentar e impulsar esta propuesta que resulta necesaria para hacer frente a los delitos que se comenten mediante plataformas digitales.
“Es una herramienta excepcional, una iniciativa yo creo que muy necesaria y ejemplar, no solamente para Bolivia sino para otros países, esperamos que pase pronto sus trámites y que pueda llevarse a efecto y aplicación cuanto antes. Hay una lacra a la que estamos todos expuestos y bueno hay que luchar contra estos fenómenos y con todos los medios posibles y por su puesto actualizando las legislaciones”, sostuvo el Fiscal General del Estado
El 31 de marzo de 2025, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, presentó ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales que tiene como objetivo proteger de manera integral la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes frente a nuevas formas de violencia y abuso sexual que se cometen mediante el uso de tecnologías digitales, como redes sociales, aplicaciones, plataformas de mensajería y videojuegos en línea.
En su contenido propone la incorporación de nuevos delitos al Código Penal; Regula medidas de protección urgentes para las víctimas, incluyendo la eliminación de contenido y el alejamiento virtual del agresor; Permite el uso de agentes encubiertos digitales para investigar estos delitos; Fortalece el rol del sistema educativo y de salud, estableciendo obligaciones de prevención, denuncia y atención integral; Impulsa la corresponsabilidad de las familias, empresas tecnológicas y gobiernos subnacionales, además alinea la legislación boliviana con tratados internacionales de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño.