El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó hoy que el Ministerio Público, emitió la resolución de imputación formal, en contra de Iván A.D., de 66 años, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, investigado por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Lesiones Graves y Leves, que habría cometido al no cumplir con sus atribuciones de prevención de riesgos y fiscalización, establecidas en la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y que habría tenido como consecuencias el deslizamiento de mazamorra en la zona de Bajo Llojeta en noviembre de 2024.
“La Fiscalía ha colectado 129 elementos de convicción, que hacen suponer la probabilidad de autoría del imputado, entre ellos, las declaraciones testificales de las víctimas, la recopilación de información a partir del registro del lugar, la documentación enviada por la propia Alcaldía, donde se encuentra sus atribuciones y competencias, que hacen presumir que hubo omisiones en las tareas descritas en las Ley Nº 482, del Alcalde Municipal, y que habría tenido como consecuencias familias afectadas y una menor de edad fallecida por lo que el Ministerio Público, solicitará en audiencia de medidas cautelares la detención preventiva por cuatro meses en el penal de San Pedro”, dijo la autoridad.
La Comisión de Fiscales, informó que el Alcalde tiene calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva, en esa condición se le asignaron competencias y funciones establecidas en la Ley Municipal Autonómica Nª 233, esta ley le otorga la posibilidad de hacer demoliciones de inmuebles y obras que no cumplan con las normas y el uso de suelos, en el lugar se habría construido una plataforma por la empresa Kantutani, que no fiscalizó. Además de sancionar cuando se advierte un incumplimiento a la normativa de movimientos de tierras ilegales, funciones que habría omitido realizar la autoridad municipal.
El hecho sucedió el pasado 23 de noviembre de 2024, ante las lluvias bajó mazamorra en la zona de bajo Llojeta y afectó a varias viviendas y murió una niña de cinco años, se presume que el hecho fue a causa de la construcción de la plataforma de la empresa kantutani, para el Cementerio Los Andes, obra que debería de haber sido fiscalizada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.