La Cámara Nacional de Industrias (CNI) emitió un duro pronunciamiento este martes contra el incremento salarial acordado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), que establece un aumento del 10% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y del 5% al haber básico para este 2025.
A través de un comunicado, la CNI demandó la reconsideración de la medida para evitar “profundizar el estancamiento económico e impulsar una inflación descontrolada en el país”. Según el sector industrial, la economía boliviana ya muestra señales de debilidad, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que cayó al 2,1% a septiembre de 2024, la tasa más baja desde la pandemia, y proyecciones para 2025 que apenas rondan el 1%, de acuerdo con organismos internacionales.
“El incremento salarial contraerá la demanda de productos formales nacionales, impulsando el contrabando y afectando al crecimiento del país”, advierte la CNI.
El sector también alertó que la inflación acumulada hasta marzo de 2025 alcanzó un 13,87%, y que el aumento salarial podría agravar aún más este panorama, además de presionar sobre el tipo de cambio y erosionar la competitividad de la producción nacional.
En cuanto a las finanzas públicas, los industriales recordaron que el déficit fiscal supera el 10,9% del PIB y advirtieron que el aumento de salarios incrementará el gasto público, “agudizando la inestabilidad económica e incrementando el riesgo país, ahuyentando la inversión privada nacional e internacional”.
El impacto del incremento también afectaría directamente a las empresas privadas, especialmente a las medianas y pequeñas, que ya enfrentan dificultades por el alza de costos de importación, la escasez de combustibles y la falta de divisas. Frente a este escenario, la CNI advirtió que muchas compañías podrían verse obligadas a recortar personal, tercerizar servicios o incluso cerrar operaciones, en un mercado laboral marcado por altos niveles de informalidad.
Finalmente, el gremio empresarial cuestionó el esquema de aporte patronal vigente, indicando que por cada Bs 100 de incremento salarial, las empresas deben asumir Bs 48 adicionales en obligaciones sociales, lo que, según señalaron, encarece aún más la mano de obra y debilita la viabilidad financiera del sector privado.