El juez de instrucción Andrés Zabaleta, del distrito judicial de La Paz, emitió este viernes una resolución que suspende temporalmente las recientes determinaciones judiciales en el proceso penal contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas. Esta medida implica que la orden de aprehensión en su contra, que había sido revocada esta semana, vuelve a quedar en pie.
La decisión de Zabaleta surge en el marco de una acción de libertad iniciada por el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (Sepdavi) en 2024. El juez determinó aplicar una medida cautelar mientras se resuelve una queja formal presentada en este proceso.
La resolución judicial establece textualmente “la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada, entre tanto no se resuelva la presente Queja”, lo que contradice directamente la orden emitida el pasado miércoles por la jueza Lilian Moreno, del distrito de Santa Cruz, quien había revocado la orden de aprehensión y la imputación contra Morales.
El conflicto jurídico no es nuevo. El año pasado, ya se había generado una pugna de competencias cuando el distrito de La Paz determinó que el proceso contra Morales debía trasladarse a Tarija, a pesar de que la jueza Moreno había dispuesto su envío a Cochabamba, donde reside el exmandatario.
Rechazo del ala «evista»
Desde el entorno cercano a Morales, el abogado Wilfredo Chávez calificó de inaceptable la decisión del juez Zabaleta y advirtió que genera un “caos jurídico”. Según Chávez, la acción de libertad emitida en Santa Cruz debe cumplirse de forma inmediata y no puede ser revisada ni interferida por otra acción similar iniciada en La Paz.
“No se puede ejecutar la decisión del juez Zabaleta. La resolución de Santa Cruz sigue firme y debe prevalecer”, afirmó el jurista, quien anunció que se buscarán las vías legales para anular la medida judicial que reactivó la orden de aprehensión.
El caso continúa generando controversia judicial y política en el país, con posiciones enfrentadas entre distintos tribunales y sectores vinculados al oficialismo. Mientras tanto, la situación legal del expresidente Evo Morales queda nuevamente en un limbo jurídico.