martes, mayo 21

Fiscal General Del Estado destaca los avances de mecanismos de control en la lucha contra el narcotráfico aéreo

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En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional para mejorar el control de la aeronavegabilidad en la lucha contra el narcotráfico, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, sostuvo hoy una reunión en la ciudad de La Paz con autoridades de diferentes instituciones con el fin de verificar el avance de las obligaciones asumidas en el acuerdo.

Se han desarrollado varios puntos, entre ellos, los avances de los planes de vuelos de aquellas aeronaves que necesariamente tienen que contar con su plan de vuelo autorizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Navegación y Aeropuertos de Bolivia (NAABOL), también se ha tratado el tema del B-sisa aviación de manera que toda aeronave que pretenda emprender vuelo y llevar adelante el carguío de combustible necesariamente debe obtener la autorización a través del B-sisa de aviación”, resaltó Lanchipa.

Asimismo, destacó que se realizó la revisión del registro y aprobación de las pistas y aeródromos privados en el país y al momento se tienen 230 pistas autorizadas por la DGAC, de las cuáles pueden despegar aeronaves. “Aquellas pistas que no estén registradas y que no cuenten con la autorización correspondiente no pueden ser utilizadas, tanto para el despeje como para el aterrizaje”, advirtió la autoridad.

Lanchipa, explicó que entre los resultados más relevantes dentro del control de aeronavegabilidad están la suscripción del “Protocolo de intercambio de información de Cooperación Interinstitucional”, que tiene como objetivo optimizar la información conducente a mejorar el control aéreo, el “Protocolo de control, revisión, seguimiento y supervisión de las plataformas aéreas, operaciones aéreas en general y provisión de combustible a nivel nacional – Plan de Vuelo”, que tiene como fin el control de la emisión correcta del Plan de Vuelo, para evitar operaciones aéreas o carguío de combustible irregulares.

En este encuentro, se informó que a partir de la presente gestión Bolivia forma parte del proyecto Colibrí que tiene como objetivo identificar aeronaves irregulares, pistas clandestinas, entre otros.

Por su parte, el Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, destacó que gracias al convenio suscrito y el compromiso de las instituciones en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia en el año 2021 se secuestraron 18 aeronaves, en la gestión 2022 se tuvo 95, el 2023 con 21, que hacen un total de 164 aeronaves de ala fija secuestradas, además de 6 helicópteros. También se realizó la intervención y destrucción de 49 pistas en el año 2021, en el 2022 con 67 pistas clandestinas y el 2023 se tuvo 122, en total 238 pistas clandestinas que fueron destruidas en el país para neutralizar el puente aéreo.

Las instituciones que forman parte del convenio son el Ministerio Público, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas (VDS-SC), Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-FELCN), Navegación y Aeropuertos de Bolivia (NAABOL), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB Aviación (Air-BP), el Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo (COSDEA), la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).